INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA Y ESCÁNDALOS POLÍTICOS
En los últimos años, nuestro país se ha visto envuelto en una serie de escándalos políticos. Uno de los principales, y que mayor polémica a generado, es el caso de las interceptaciones telefónicas, o a lo que se ha denominado “chuponeo”. Como consecuencia de estos actos ilegales, se ha ido minando progresivamente la estabilidad democrática y la gobernabilidad del país, ya que la extorsión y el escándalo han ido involucrando a diversas personalidades del ámbito político y a autoridades del país. Asimismo, este tipo de industria ilegal, la cual gozaba de impunidad, ha ido floreciendo , ya que existen “clientes” importantes que solicitan y pagan por este tipo de servicios para conseguir sus propios fines.
Uno de los casos más sonados en el Perú es el que se ha denominado “Los Petro-audios”. En este, se ha visto inmersa la Marina de Guerra del Perú por el escándalo de espionaje empresarial e interceptación telefónica ilegal. Y es que, marinos en actividad por encargo de una empresa de seguridad (Business Track SAC.), interceptaban ilegalmente las comunicaciones de una serie de personajes políticos, empresarios y periodistas. Específicamente, habría sido contratada para interceptar las líneas telefónicas del ex ministro de Pesquería León Alegría. En estos audios se revelaron ciertos pagos para entregar la concesión de 5 lotes petroleros a la compañía noruega Discover Petroleum. Debido a ello, se dió la renuncia de todo el gabinete de ministros por presiones políticas.
Por otro lado, en estos últimos días, se ha detectado un nuevo caso de interceptación telefónica contra el parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde. Todo indica que es víctima de este acto ilegal debido a que viene realizando una investigación a cerca del cobro del peaje en el Callao y, al parecer, para ciertas personas esto es perjudicial.
A pesar de las evidencias, lamentablemente, en el Perú no se ha hecho mayor acción ante estos actos de violación del derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones, de manera que, la responsabilidad de la comisión formada por el congreso sobre este caso Quimper- León y los otros acontecidos, deben tener la meta de esclarecer la verdad y evitar este tipo de actos ilegales. Como comento Yehude Simon en un diario, “ En esta lucha contra la corrupción y la búsqueda de la verdad, quien sale ganando es el Perú y la que sale fortalecida es la democracia”
Entonces, a partir de este caso, ¿se puede considerar como ético el hecho de interceptar las líneas telefónicas de las personas, ya sea para fines en beneficio propio o de la nación? . Pues que alguien grabe o escuche la conversación telefónica de otros, es un delito y no ético. El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, de la que mencionamos líneas arriba que nuestra constitución consagra, no es un derecho absoluto que se cumpla al pie de la letra. Ya que si fuera así, no se podrían erradicar la corrupción de ciertos personajes, afectando severamente la democracia.
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